“En un Estado de Derecho el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la Ley y los agentes estatales responden ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, inmoralidad social y corrupción; su irresponsabilidad erosiona el Estado de Derecho y actúa contra la democracia, sistema político que nos hemos dado los mexicanos.”

Así inicia su lectura la exposición de motivos que da origen a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Una ley cuyo fundamento es tan loable que ensalza el espíritu mismo de la democracia, adjudicando a aquellos que se encuentran en una posición de ventaja, dominio o jerarquía distinta del común de los ciudadanos una responsabilidad también extraordinaria; fundándose, parcialmente, en el principio de justicia “igualdad entre iguales, desigualdad entre desiguales”. La responsabilidad de los individuos es (o debe ser) proporcional al poder que ostentan dentro de un grupo.

Pero ¿cómo se define quiénes tienen más poder? ¿cómo saber a quién corresponde más responsabilidad por sus actos y omisiones? Aunque en ocasiones, dentro de la esfera gubernamental, resulte obvio el parámetro para responder a este planteamiento, en algunos casos no es tan simple establecer tal criterio pues la labor de los individuos no se relaciona directamente con la función administrativa y logra, sin embargo, una posición de liderazgo derivada de su actividad.

En el caso de los comunicadores hay una relación muy clara (pero poco reconocida) con el Estado, un evidente poder y, proporcionalmente hablando, una paupérrima responsabilidad sobre sus juicios y actos. (continua leyendo…)