En un par de años, México se ha colocado a la vanguardia normativa en la protección de datos personales, afirmó la comisionada presidenta del IFAI . Reportes de expertos indican que anualmente, 556 millones de personas son víctimas de delitos informáticos, expuso en el V Seminario Nacional para la Prevención del Fraude, organizado por el Capítulo México de la ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados)

En los años recientes, México dejó de ser un país sumergido en la anarquía y la desregularización, para colocarse a la vanguardia normativa en la protección de datos personales, afirmó la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard.

“Por lo que hace a los datos personales, en nuestro país se está realizando una lucha importante para su protección; poco a poco se han generado leyes para regular esta situación, e incluso han existido reformas a la Constitución, con el propósito de controlar el uso indiscriminado de esta información”, afirmó en el V Seminario Nacional para la Prevención del Fraude, organizado por el Capítulo México de la ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados)

Peschard comentó que, de acuerdo con un reporte sobre delitos informáticos elaborado por un desarrollador de programas de seguridad, a nivel mundial se estiman 556 millones de víctimas por año, lo que equivale a 18 por segundo, y expuso:

“Respecto a los daños económicos, se estima que el costo rebasa los 110 mil millones de dólares, para el último periodo anual estudiado; de este monto, el 42 por ciento se refiere a fraudes cibernéticos. Desde el punto de vista de los usuarios, dos de cada tres adultos han sido víctimas durante su tiempo de vida. En el mismo sentido, el 46% de los sujetos estudiados fue víctima durante el año anterior”.

Fundada en 1998, la ACFE cuenta con 60 mil miembros y 149 capítulos distribuidos en el mundo. El capítulo mexicano está conformado por profesionales vinculados a la lucha contra la corrupción prevención y detección de fraudes y delitos de cuello blanco. Actualmente cuenta con más de 390 socios, de los cuales 94 son Examinadores de Fraude Certificados, (CFE’s). La Asociación es considerada la mayor organización mundial antifraude y primer proveedora de capacitación y educación en la materia.

Peschard habló ante este auditorio sobre “¿Qué deben hacer las organizaciones para evitar el mal uso de los datos personales?, y dijo que organizaciones e individuos que traten datos personales (es decir, aquellos que obtengan, usen, accedan, manejen, aprovechen, transfieran, dispongan, divulguen o almacenen, información referente a personas) deben tomar conciencia de que se está utilizando información que de ninguna manera les pertenece.

Estos datos, agregó, refieren a personas con una dignidad y derechos fundamentales que las protegen; además, se han establecido normas de carácter general y obligatorio que los fuerzan a mantener un comportamiento extremadamente cauteloso en el tratamiento de estos datos, por lo que los responsables lo son también tanto del buen uso como del mal uso que se le dé a esta información.

Jacqueline Peschard destacó que el correcto tratamiento de datos personales ofrece un nuevo campo de oportunidades económicas sin precedentes, pero, también, ha despertado la preocupación de las autoridades y los individuos por el mal manejo que se les dé.

Con el avance de las tecnologías de la información, indicó, también lo hace el crimen. “Los delincuentes y las organizaciones criminales utilizan cada vez más a la tecnología como un medio, pero también como un fin. Si los datos cuentan con un valor, la consecuencia lógica es que legal e ilegalmente la gente quiera aprovecharlos”.

Las amenazas en las redes, continuó, son cada vez mayores, y dijo: “Los delincuentes y programadores maliciosos pasaron de hacer virus ociosos que no provocaban ningún perjuicio en los años noventas a convertirse en una real amenaza para los usuarios en las que incluso pueden ver perdida su libertad personal y la vida”.

Mencionó, por ejemplo, los riesgos que representan los hackers, el phishing (estafa electrónica) y el robo de identidad, y planteó que la respuesta institucional para este tipo de problemáticas debe ser multidisciplinaria.

“Las acciones deben ir desde la educación de los usuarios y las organizaciones que utilizan datos personales, la creación de un marco normativo y autoridades competentes para responder ante estas amenazas, hasta la generación de organizaciones policiacas e impartidores de justicia especializados en los delitos electrónicos”, señaló.

La comisionada presidenta del IFAI manifestó que si bien aún faltan cosas por hacer, nuestro país avanza para pasar de ser considerado como un paraíso de datos, en el que éstos no tienen ninguna protección y se mina la privacidad de las personas, a tener el reconocimiento como un puerto seguro, en el que la información de las personas es ampliamente protegida.

Con las reformas a la Constitución y la posterior entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y otras normas derivadas de ella, a partir de 2010, el derecho a la protección de datos personales se incorporó al sistema jurídico mexicano, oniéndolo a la vanguardia a nivel internacional en este tema.

Fuente: Comunicado IFAI/157/12

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