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Fuente: Netmedia
Autor: Beatriz Arias
Fecha: 13 de julio, 2011

La Cámara de Senadores a través del Grupo Plural de Trabajo dijo que no ratificará la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (ACTA, por sus siglas en inglés) pues consideran que es un peligro para la libertad de expresión, además de que viola algunas leyes.

Así mismo, solicitarán al Presidente de la República, Felipe Calderón, que instruya a las dependencias respectivas a no firmar ACTA y a los grupos parlamentarios no ratificar dicho Acuerdo.

Durante la reunión privada que sostuvo este Grupo de Trabajo, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Javier Castellón, insistió en que ACTA no debe firmarse pues contiene disposiciones que violan derechos fundamentales de los ciudadanos emanados de la Constitución en el que se incluye la libertad de expresión. Además de que infringe la Ley Federal de Telecomunicaciones, la de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y la de Protección al Consumidor.

El senador asegura que la introducción de medidas como las propuestas por el Acuerdo Comercial Antifalsificaciones se atenta contra el desarrollo de la sociedad de la información y haría más grande la brecha digital que ya vive el país.

A finales del junio de este año, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al Poder Ejecutivo para que evite que las Secretarías y dependencias federales involucradas en las negociaciones firmaran ACTA.

Ahora se tiene conocimiento que desde 2007 la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negociaban el tratado que propone establecer normas para proteger los derechos de propiedad intelectual en contra de la piratería y la falsificación. En las negociaciones participan los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Estados Unidos y Unión Europea.

Algunos de los más polémicos puntos de ACTA establecían que, como pena a quienes descargaran de internet contenidos protegidos por leyes de propiedad industrial y de derechos de autor, podría serles cancelada o suspendida su conexión a Internet.

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