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Medios masivos de ¿violación a la ley?

Cuando platiqué por última vez con Gerardo Cotera Correa, en 1999, estuvimos comentando la urgencia por una nueva Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT). No creí entonces que el tema fuese tan relevante dado que los “comunicólogos” que conozco tenían una postura muy abierta a ese respecto. Hoy las cosas son diferentes.

Me remontaré al contexto de esa misma época: “Big Brother”, la más patética distorsión de lo que alguna vez fue un respetable intento por el arte teatral, había tomado posesión absoluta del morbo de los jóvenes -y muchos no tan jóvenes- que han centrado sus pláticas en dicho programa de TV que, según afirmaban, “representa a la juventud mexicana” (hago constar que no representó ni a mis amistades ni a un servidor que nos sentimos ofendidos por tal declaración).

El vocabulario empleado en aquél programa causaba molestia en muchos y ha sido origen de análisis socio y psicológicos… Pero – jurídicamente hablando – quiero  hacer referencia tanto al Gran Hermano como a una gran cantidad de programas de TV y radio que emplean palabras procaces y cometen otras violaciones a la ley.

Al día de hoy, la LFRT no ha sido reformada en forma alguna. Los problemas de facto, sin embargo, son los mismos y, cada vez, más acentuados. La referida ley declara en su artículo cinco la función social de los medios que, aunque los “comunicólogos” sostengan que ya no es cierta esa teoría, que está superado ese concepto o que es una visión arcaica de los medios, sigue siendo una realidad legal: (continua leyendo…)


Responsabilidad de los comunicadores

“En un Estado de Derecho el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la Ley y los agentes estatales responden ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, inmoralidad social y corrupción; su irresponsabilidad erosiona el Estado de Derecho y actúa contra la democracia, sistema político que nos hemos dado los mexicanos.”

Así inicia su lectura la exposición de motivos que da origen a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Una ley cuyo fundamento es tan loable que ensalza el espíritu mismo de la democracia, adjudicando a aquellos que se encuentran en una posición de ventaja, dominio o jerarquía distinta del común de los ciudadanos una responsabilidad también extraordinaria; fundándose, parcialmente, en el principio de justicia “igualdad entre iguales, desigualdad entre desiguales”. La responsabilidad de los individuos es (o debe ser) proporcional al poder que ostentan dentro de un grupo.

Pero ¿cómo se define quiénes tienen más poder? ¿cómo saber a quién corresponde más responsabilidad por sus actos y omisiones? Aunque en ocasiones, dentro de la esfera gubernamental, resulte obvio el parámetro para responder a este planteamiento, en algunos casos no es tan simple establecer tal criterio pues la labor de los individuos no se relaciona directamente con la función administrativa y logra, sin embargo, una posición de liderazgo derivada de su actividad.

En el caso de los comunicadores hay una relación muy clara (pero poco reconocida) con el Estado, un evidente poder y, proporcionalmente hablando, una paupérrima responsabilidad sobre sus juicios y actos. (continua leyendo…)


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