Tras su generación, Bitcoin ha impulsado creación de otras 1,300 criptomonedas, de las cuales 100 son operadas por crimen, según expertos.
La creación del Bitcoin en 2009 generó en los años sucesivos la creación de otras mil 300 criptomonedas, de éstas 100 son operadas por la delincuencia.
Así lo advirtieron investigadores de ciberdelitos.
Pese a que hay casas de cambio (exchange) como Bitso, que registran la identidad de quienes cambian pesos por Bitcoin, hay un mundo paralelo, donde desarrolladores y programadores crean la infraestructura para que la delincuencia intercambie dinero físico por virtual y después lo utilice para hacer compras, con lo cual logra introducirlo al sistema financiero, es decir, lavar dinero.
Esta infraestructura son las carteras digitales (wallets), casas de cambio para intercambiar dinero físico por monedas digitales (exchanges) y criptomonedas (dinero virtual).
Hay dos tipos de wallets, unas quedan disponibles en línea y otras se guardan en USB, por lo que la información de sus operaciones queda irrastreable.
En cuanto a las monedas, las más utilizadas para lavar son Zcash, Monero, Ethereum, Turnk y Storn; aunque hay otras 100 monedas que pueden ser utilizadas para este delito.
Monero y Zcash cifran las operaciones para que no quede rastro de las carteras que las operaron.
Luis Ramírez, director general del Centro Iberoamericano para el Desarrollo e investigación de la Ciberseguridad (Ceidic), expuso el modelo más usado para lavar con criptomonedas.
Consiste en que un delincuente que recibe cantidades grandes de dinero por un crimen las convierte en Bitcoin, Zsach o Ethereum u otra moneda digital.
Esto se realiza mediante exchanges que no identifican a las personas que hacen la operación, pero que reciben el dinero físicamente o en cuentas bancarias.
Una vez que el dinero es digital, la delincuencia compra tarjetas de regalos en las tiendas virtuales Gyft o Gift Cards, que no solicitan datos de identidad.
Y con estas tarjetas, la delincuencia compra productos en línea para venderlos físicamente.
Con las tarjetas de regalo compran productos en tiendas físicas o en línea como Reeds, donde un anillo puede costar en promedio 20 mil dólares.
Después, cuando la mercancía fue comprada, es traslada a países latinoamericanos. Si la aduana detiene a quien la traslada, le cobrará un impuesto, pero podrá transitar y terminará en tiendas que no son cadenas, pero que venden artículos originales.
Para evitar dejar rastro, la delincuencia crea empresas fantasma con cuentas bancarias, donde las tiendas depositan el pago de la mercancía adquirida.
“Hay monedas que se están enfocando en proteger la identidad de las personas que están haciendo la transacción y recibiendo el dinero con la finalidad de que las autoridades no sepan quienes son sus dueños y puedan utilizarse para cualquier tipo de ilícito”, comentó Luis Ramírez.
Adolfo Grego, director de computo forense de Mycros Electrónica, señaló que es casi imposible intervenir a la ciberdelincuencia.
“Estamos hablando de un sistema prácticamente paralelo (al sector financiero). Sin embargo, en México si un juez de control no te entrega una orden de intervención, las comunicaciones de todo mundo son sagradas.
“Los aparatos gubernamentales no tienen capacidad de responder a la velocidad de lo que esto se está moviendo”, añadió.
Sin embargo, la Ley Fintech establece cárcel si se descubre que alguien opera en una Institución de Tecnología Financiera (ITF) que no esté reconocida por las autoridades mexicanas, según Ivonne Muñoz Torres, directora de IT Lawyers, una firma de asesoría computacional para empresas.
Con información de Ceidic y Mycros Electrónica.
Fuente: Reforma
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